La transferencia de riesgos es una manera de delegar la responsabilidad sobre la reducción de riesgos, su eliminación o el peso económico de las potenciales pérdidas en un tercero, el cual a diferencia del sujeto expuesto está en condiciones y disposición de asumir los riesgos y su implicación monetaria.
La transferencia del riesgo pese a ser una de las estrategias más sólidas y robustas en gestión de riesgo actualmente, es una de las menos difundidas y aprovechadas. Esta transferencia puede realizarse mediante diversos instrumentos como fondos especiales, derivados financieros, garantías, pólizas de seguros o micro-seguros o políticas públicas, entre muchos otros.
En el caso de los inmuebles, sus propietarios podrían transferir el riesgo ante daños por eventos inesperados como sismos, inundaciones, incendios, huracanes o incluso robos, lamentablemente, estas situaciones no son consideradas comúnmente por los dueños como riesgos tangibles y por ello al materializarse el efecto es mucho más severo.
Por el contrario, Los bancos protegen cada inversión que realizan pequeña o grande, porque estas instituciones aplican transversalmente y con prioridad sobre todo la gestión de los riesgos financieros, principalmente mediante la transferencia de estos.
Las directrices que pueden guiar la implementación de la transferencia de riesgos forman parte de la norma ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo. Directrices”, el cual aplica para cualquier organización que tenga como intención el contemplar el riesgo como elemento generador de valor. A diferencia de otras normativas ISO, la 31000 no es un sistema de gestión, por lo que no es certificable.
Cuando el riesgo es asumido directamente por el afectado las posibilidades de recuperarse pueden no depender de él, o requerir de asistencia condicionada o limitada de un tercero, normalmente alguna institución del estado, por lo que los efectos del desastre pueden perdurar por mucho tiempo o ser irreversibles.
Por tanto, transferir el riesgo y, sobre todo, hacerlo en una región con una fenomenología de procesos naturales tan intensa como Latinoamérica, con tantos desafíos en materia socio-económica más que una recomendación debería ser una prioridad que cada proyecto de inversión, emprendimiento, cada núcleo familiar e incluso las propias instituciones gubernamentales podrían contemplar luego de un simple análisis costo-beneficios que les permita definir cuáles riesgos pueden ser retenidos y cuáles deben ser transferidos.
Asegurar el techo bajo el que vivimos, el auto en el que nos transportamos, y nuestra propia integridad física puede evitar o reducir muchas complicaciones en el futuro, además, sería un paso adelante en favor de la protección planificada que mitigue el tradicional asistencialismo no sostenible con el que reaccionan los gobiernos ante los desastres, y que a nivel empresarial se materializa en la capacidad de dar continuidad a las actividades económicas.